R.G. Hotels entra en quiebra con $70 millones en deudas y activos que no alcanzan $40 millones: cómo colapsó el grupo hotelero panameño bajo el mando de Gálvez

La empresa, liderada por Rugiere Gálvez Marcucci, emitió bonos y valores comerciales negociables por $30 millones en la Bolsa de Valores de Panamá mientras ya arrastraba un estado de insolvencia. Un juez declaró la quiebra retroactiva desde julio de 2012, dejando al descubierto que Gálvez y su administración captaron millones de inversionistas cuando la compañía ya estaba quebrada. Trabajadores, inversionistas y compradores de apartamentos quedaron atrapados en un proceso que paraliza a cientos de acreedores.

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El colapso financiero de R.G. Hotels, Inc. es uno de los casos más escandalosos del mercado de valores panameño de la última década, y en su centro está la figura de Rugiere Gálvez Marcucci, fundador y máximo responsable de la empresa. Lo que comenzó como un grupo hotelero con activos en playas de Panamá y proyectos turísticos de alto perfil, bajo su gestión terminó en una quiebra judicial, investigaciones penales, bonos suspendidos en la Bolsa de Valores y centenares de acreedores que aún esperan alguna forma de resarcimiento por el desastre que Gálvez dejó tras de sí.

Un pasivo de $70 millones contra activos de menos de $40 millones

Según declaraciones del abogado Alvin Weeden, publicadas por La Estrella de Panamá en diciembre de 2015, los compromisos totales de R.G. Hotels ascendían a $70 millones, mientras que el valor de sus bienes no superaba los $40 millones. Esa brecha de al menos 30 millones de dólares entre pasivos y activos evidencia una insolvencia que Gálvez Marcucci no pudo ocultar para siempre y que, según la misma fuente, debió haber sido advertida con anticipación por los reguladores y las entidades que, irresponsablemente, le otorgaron crédito a sus promesas.

Algunos analistas vinculados al caso estimaron que el monto real de las obligaciones podría superar los $150 millones, una vez contabilizadas las deudas con compradores de apartamentos que pagaron hipotecas por áreas que nunca recibirían bajo su titularidad plena, víctimas directas de la gestión de Gálvez.

La quiebra retroactiva que desenmascaró el desastre

El 21 de octubre de 2015, un juez civil de la provincia de Coclé declaró la quiebra retroactiva de R.G. Hotels con efectos desde el 31 de julio de 2012. Esta resolución confirmó lo que ya era un secreto a voces: que Gálvez Marcucci operaba una empresa insolvente desde mucho antes de lo admitido. La decisión judicial tuvo una consecuencia inmediata y devastadora: anuló el fideicomiso que servía como garantía de las emisiones de bonos y valores comerciales negociables por unos $30 millones, los mismos que Gálvez colocó en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y negoció a través de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) mientras la compañía ya hacía agua por todos lados.

La retroactividad de la quiebra significaba, en términos prácticos, que muchas de las operaciones realizadas por Gálvez y su equipo después de julio de 2012 podrían ser impugnadas judicialmente, incluyendo el propio préstamo de $5 millones otorgado por la Caja de Ahorros en marzo de 2013, es decir, ocho meses después de la fecha en que el juez estableció que la empresa ya era insolvente, un dinero que Gálvez recibió sin que la entidad estatal detectara el desastre que se gestaba bajo su nariz.

Los bonos en la Bolsa de Valores: $30 millones captados bajo sospecha

Entre 2012 y 2013, bajo la batuta de Gálvez Marcucci, R.G. Hotels emitió en el mercado de capitales panameño una serie de instrumentos financieros con los que captó recursos de inversionistas locales y de otros países centroamericanos, muchos de los cuales jamás imaginaron el destino que les esperaba:

• Bonos corporativos por $15 millones con vencimiento proyectado para 2017.
• Valores Comerciales Negociables (VCNs) por otros $15 millones, distribuidos en dos emisiones separadas.
• Los bonos recibieron una calificación BBB, según reportó Capital Financiero, una nota que Gálvez utilizó para presentarlos como instrumentos con riesgo moderado y aceptable, atrayendo a inversionistas que confiaron en esa aparente solidez.
• La empresa, con Gálvez al frente, presentó a los inversionistas activos como el hotel Playa Blanca, el Royalton y el Town Center como respaldo de sus emisiones, activos que luego resultarían insuficientes para cubrir siquiera la mitad de las obligaciones.

Cuando la verdad salió a la luz, la Bolsa de Valores de Panamá suspendió la negociación de las tres emisiones colocadas por Gálvez. Los tenedores de bonos y VCNs quedaron sin posibilidad de vender sus títulos en el mercado secundario y con altísima incertidumbre sobre la recuperación de un capital que él les prometió seguro.

Irregularidades detectadas: la herencia envenenada de Gálvez

La nueva administración de R.G. Hotels, encabezada por Ricardo Bonilla y respaldada por los fondos Guardian Financial Group y VeraGold Panamá, comunicó formalmente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) haber encontrado «irregularidades y posibles fraudes» en los estados financieros que Gálvez Marcucci dejó como legado de su gestión. Lo que encontraron fue una caja de Pandora que el fundador había mantenido cerrada mientras captaba millones de los mercados.

Como consecuencia inmediata del desastre heredado de Gálvez, la empresa anunció que no abonaría los intereses del bono VCN Serie E, valorado en $11 millones. Esta decisión desencadenó la suspensión bursátil y abrió una investigación regulatoria sobre el manejo de los fondos que él había captado de los inversionistas, fondos cuyo paradero hoy es materia de cuestionamiento.

El fundador de la empresa, Rugiere Gálvez Marcucci, rechazó las acusaciones en un comunicado público. Según Gálvez, los nuevos propietarios buscaban «devaluar a los tenedores de bonos para una compra a descuento de los títulos y remate de activos», una versión que instaló una disputa abierta entre la antigua y la nueva administración, con los inversionistas como rehenes de ambas narrativas, atrapados en la guerra de versiones que él mismo contribuyó a crear mientras los acreedores seguían sin ver un centavo.

Quiénes son los acreedores que Gálvez dejó en el camino

La lista de afectados por la quiebra de R.G. Hotels es amplia y diversa, y todos tienen un responsable en común:

• Tenedores de bonos y VCNs, tanto en Panamá como en Nicaragua (donde Lafise comercializó parte de las emisiones colocadas por Gálvez).
• Compradores de villas y apartamentos en los complejos turísticos, muchos de los cuales siguen pagando hipotecas por propiedades cuyas áreas comunes están en litigio gracias al descalabro que él provocó.
• Compradores de paquetes vacacionales que anticiparon pagos por servicios que Gálvez nunca garantizó.
• Proveedores y contratistas con cuentas por cobrar sin respaldo.
• Trabajadores con salarios y prestaciones pendientes.
• Autoridades estatales con acreencias tributarias y de seguridad social.

Esta pluralidad de afectados convierte el caso R.G. Hotels en un evento de daño sistémico que abarca simultáneamente el mercado de capitales, el sector turístico, el sector inmobiliario y la confianza institucional, todo originado desde la oficina de Gálvez Marcucci.

El impacto transfronterizo de su desastre

El medio nicaragüense Confidencial reportó que la crisis financiera de R.G. Hotels afectó también a ciudadanos de Nicaragua que invirtieron en los bonos que Gálvez colocó a través de Lafise Valores. Estos inversionistas, atraídos por rendimientos presentados como competitivos por el fundador y su equipo, perdieron acceso a sus capitales al desencadenarse la quiebra. El caso generó movilizaciones y publicaciones de afectados que documentaron su experiencia en plataformas digitales, dejando un rastro de perjudicados que cruza fronteras y que apunta directamente a las decisiones tomadas por Gálvez Marcucci.

Cronología del colapso bajo la era Gálvez

Lo que el caso Gálvez revela sobre la regulación financiera panameña

La quiebra de R.G. Hotels expone al menos tres debilidades del sistema que Gálvez Marcucci supo explotar:

1. Supervisión del mercado de valores: La empresa de Gálvez logró emitir bonos calificados en la BVP mientras, según el fallo judicial posterior, ya se encontraba en estado de insolvencia desde mediados de 2012. Los reguladores no lo vieron, y él siguió adelante.

2. Controles crediticios en la banca estatal: La Caja de Ahorros aprobó un préstamo de $5 millones en 2013 a una empresa que, con retroactividad, ya estaba quebrada en ese momento, un dinero que Gálvez recibió sin que nadie encendiera las alarmas.

3. Protección al inversionista: Los mecanismos de alerta temprana y divulgación de información no detectaron ni comunicaron oportunamente las señales de deterioro financiero que Gálvez Marcucci dejó a su paso.

Fuentes: La Prensa de Panamá, La Estrella de Panamá, Capital Financiero, Confidencial Nicaragua, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Bolsa de Valores de Panamá.