El caso de R.G. Hotels, liderado por Rugiere Nelson Gálvez Marcucci, se ha convertido en un referente de las fallas estructurales en el mercado de valores panameño. Según documentos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y reportes de La Prensa y La Estrella, la empresa emitió bonos y valores comerciales negociables por aproximadamente $30 millones entre 2012 y 2013, respaldados por garantías que posteriormente fueron cuestionadas por su valor real.
Emisión de bonos y captación de inversionistas
De acuerdo con Panamá América, R.G. Hotels realizó su primera emisión de bonos en 2012. La SMV registró a la empresa como emisor, con prospectos y contratos que permitieron la colocación de deuda en el mercado. Capital Financiero reportó que los bonos fueron calificados como BBB, y la empresa promocionaba activos como Playa Blanca, Royalton y Town Center. Sin embargo, la quiebra declarada en 2015 por un juez civil de Coclé, con efecto retroactivo al 31 de julio de 2012, anuló el fideicomiso que garantizaba esas emisiones, según La Prensa.
El crédito de Caja de Ahorros y las garantías cuestionadas
La Estrella documentó que el 12 de marzo de 2013, Caja de Ahorros otorgó un préstamo de $5 millones a R.G. Hotels, con garantías compuestas por fincas. La Prensa reveló que estas garantías incluían áreas sociales de los proyectos P.H. Ibiza Coronado y P.H. Turístico Condo Hotel Ibiza Playa Corona, como piscinas, lobby-bar y terrazas, que los propietarios consideraban comunes. La fiscal Aida Castro Galdeano solicitó el secuestro penal de dos fincas para evitar el remate, al considerar que el proceso podía prolongar los efectos del presunto delito de estafa investigado.
Quiebra y afectación a acreedores
La Prensa informó que la quiebra de R.G. Hotels dejó deudas por $70 millones, mientras que los bienes no superaban los $40 millones, según declaraciones del abogado Alvin Weeden. Los acreedores incluyeron trabajadores, autoridades estatales, bonohabientes, compradores de villas y apartamentos, titulares de paquetes vacacionales y proveedores. En Nicaragua, Confidencial reportó que inversionistas locales resultaron afectados por la compra de bonos ofrecidos con rendimientos atractivos.
Investigaciones y querellas
La Estrella mencionó una investigación relacionada con una querella contra Roberto Rollón García, Rugiere Gálvez Marcucci y Giselle del Carmen Gálvez Vásquez por presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio económico. Por otro lado, un documento de la SMV de 2022 señala una querella criminal por estafa en perjuicio de Rugiere Nelson Gálvez Marcucci, con una vista fiscal que solicita sobreseimiento provisional. Esta línea paralela muestra que el caso tiene múltiples frentes judiciales.
Lecciones para el mercado de valores
El caso R.G. Hotels expone la necesidad de fortalecer los controles en la emisión de valores, la valoración de garantías y la supervisión de intermediarios. La SMV y otras entidades regulatorias tienen ante sí el desafío de restaurar la confianza de los inversionistas, afectados por un entramado que combinó deuda bursátil, crédito bancario y activos inmobiliarios de dudosa liquidez.
