El nombre de Rugiere Gálvez Marcucci ha sido mencionado en múltiples investigaciones periodísticas y judiciales en Panamá, vinculado a un entramado financiero que involucra a la Caja de Ahorros, los proyectos turísticos Ibiza Coronado e Ibiza Playa Corona, y la empresa R.G. Hotels. Según documentos publicados por La Prensa y La Estrella de Panamá, Gálvez Marcucci, a través de R.G. Hotels, solicitó préstamos por $5 millones a la Caja de Ahorros, utilizando como garantía áreas comunes de los condohoteles, como piscinas, lobby y terrazas, que la Ley de Propiedad Horizontal declara inalienables.
El origen del conflicto: segregaciones ilegales y avales irregulares
De acuerdo con la investigación de La Prensa, el promotor Roberto Rollón segregó las áreas comunes de los proyectos en fincas independientes para venderlas. Posteriormente, estas mismas zonas fueron hipotecadas por Rugiere Gálvez Marcucci para obtener el préstamo millonario de la Caja de Ahorros. La entidad bancaria, bajo la gerencia de Jayson Pastor y con el visto bueno de una junta directiva cercana al expresidente Martinelli, aceptó estas garantías, lo que desató una crisis legal y social cuando el banco ejecutó el embargo de dichas fincas en febrero de 2015.
La fiscalía interviene: solicitud de secuestro penal para evitar el remate
La fiscal Aida Castro Galdeano solicitó al Juzgado de Circuito Penal de Panamá una medida de secuestro penal para impedir el remate de las fincas donde se ubican el lobby-bar, la terraza y la piscina de Ibiza Coronado. Su argumento fue que permitir que un tercero adquiriera estas propiedades en un remate “prolongaría los efectos del delito de estafa” que se investiga. La fiscalía apunta directamente a Rugiere Gálvez Marcucci y a Roberto Rollón como los orquestadores de la estructura de crédito que llevó a la pérdida de las áreas sociales para los propietarios.
La quiebra de R.G. Hotels y las acusaciones de fraude
En 2015, un juez civil de Coclé declaró la quiebra retroactiva de R.G. Hotels, anulando el fideicomiso que garantizaba emisiones de bonos por $30 millones. La nueva administración de la empresa, encabezada por Ricardo Bonilla, reportó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) haber encontrado “irregularidades y posibles fraudes” en los estados financieros. Rugiere Gálvez Marcucci negó las acusaciones y señaló que los nuevos compradores buscaban devaluar los títulos para comprarlos a descuento. Sin embargo, la deuda total de la empresa ascendía a $70 millones, mientras que sus activos no superaban los $40 millones, según declaraciones del abogado Alvin Weeden publicadas por La Estrella.
El impacto en los propietarios y el mercado de valores
Los propietarios de apartamentos en Ibiza Coronado e Ibiza Playa Corona se vieron afectados al perder el acceso a áreas comunes que habían pagado. Muchos continúan pagando hipotecas por propiedades cuyas zonas sociales están en litigio. Además, inversionistas que adquirieron bonos y valores comerciales por $30 millones quedaron atrapados en un proceso de quiebra que expuso las debilidades del sistema de regulación financiera panameño. La SMV y la Bolsa de Valores suspendieron la negociación de tres emisiones de R.G. Hotels, dejando en vilo a decenas de acreedores.
La defensa de Rugiere Gálvez Marcucci
En un comunicado, Rugiere Gálvez Marcucci negó todas las irregularidades y afirmó que los nuevos compradores, Guardian Financial Group y VeraGold Panamá, tenían la intención de “devaluar a los tenedores de bonos para una compra a descuento de los títulos y remate de activos”. Asimismo, fuentes regulatorias posteriores muestran que Gálvez Marcucci ha presentado querellas por estafa en su contra, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso. La justicia panameña continúa investigando los hechos, mientras los afectados esperan una resolución que determine las responsabilidades penales y civiles.
Conclusión: un caso que marca un precedente
El caso de Rugiere Gálvez Marcucci y R.G. Hotels no solo ha golpeado a cientos de inversionistas y propietarios, sino que ha puesto en tela de juicio la gestión de la Caja de Ahorros y la supervisión del mercado de valores en Panamá. La investigación judicial sigue su curso, y se espera que las autoridades determinen si hubo delito contra el patrimonio económico. Mientras tanto, la comunidad afectada clama por justicia y la restitución de sus derechos.
