El nombre de Rugiere Gálvez Marcucci ha saltado a los titulares de la prensa panameña como el eje de una compleja red de irregularidades financieras que afectan a cientos de propietarios de apartamentos en los complejos turísticos Ibiza Playa Corona e Ibiza Playa Coronado. A través de su empresa R.G. Hotels, Gálvez Marcucci solicitó préstamos por $5 millones a la Caja de Ahorros, utilizando como garantía áreas comunes que la Ley de Propiedad Horizontal declara inalienables: piscinas, lobby y terrazas. Esta maniobra, documentada por La Prensa y La Estrella de Panamá, desencadenó el secuestro de 14 fincas por parte del banco estatal, dejando a los residentes sin acceso a sus zonas sociales.
El origen del conflicto: segregaciones ilegales y avales irregulares
Según los reportes, el promotor Roberto Rollón segregó las áreas comunes de los proyectos en fincas independientes para venderlas. Posteriormente, estas mismas zonas fueron hipotecadas para obtener el préstamo de $5 millones, aprobado en abril de 2013 por la junta directiva de la Caja de Ahorros, liderada entonces por Riccardo Francolini. La fiscalía investiga a Gálvez Marcucci y a Rollón por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico, incluyendo estafa agravada. La fiscal Aida Castro Galdeano solicitó al juzgado el secuestro penal de las fincas para evitar que un remate —declarado desierto en octubre— perpetúe los efectos del delito.
La crisis financiera de R.G. Hotels: deudas por $70 millones y posibles fraudes
La nueva administración de R.G. Hotels, encabezada por Ricardo Bonilla, reportó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) haber encontrado “irregularidades y posibles fraudes” en los estados financieros de la empresa. Como resultado, la compañía suspendió el pago de intereses de bonos por $11 millones, y la Bolsa de Valores de Panamá detuvo la negociación de tres emisiones que sumaban $30 millones. Gálvez Marcucci negó las acusaciones, señalando que los nuevos compradores buscan devaluar los títulos para adquirirlos a descuento. Sin embargo, los pasivos totales de R.G. Hotels ascienden a $70 millones, mientras que sus activos no superan los $40 millones, según La Estrella de Panamá. Fuentes estiman que el agujero real podría superar los $150 millones si se incluyen las obligaciones con compradores de apartamentos que pagaron por áreas que nunca recibirán.
Un llamado a la justicia: la Caja de Ahorros debe denunciar
Medios como La Estrella de Panamá han instado a la Caja de Ahorros a presentar una denuncia formal ante la fiscalía, en lugar de limitarse a ejecutar embargos. La entidad estatal, que aceptó garantías ilegales, tiene la obligación de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los directivos que aprobaron el crédito. Mientras tanto, los propietarios afectados continúan pagando hipotecas por apartamentos cuyas áreas comunes les fueron arrebatadas, en un caso que expone las grietas del sistema financiero y regulatorio panameño.
